Las tecnologías de la información están presentes en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en la propia Administración Pública –ya lo vamos pudiendo comprobar de primera mano con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 reguladora del procedimiento administrativo común.-.

La utilización en el trabajo de ordenadores, fax, teléfonos, entre otros determinan un contacto continuado con las ondas electromagnéticas de estos aparatos tecnológicos que van dejando huella en nuestro cuerpo, influyendo en nuestra propia salud.

Esta afectación recibe el nombre de electrohipersensibilidad (EHS), síndrome de sensibilidad química o hipersensibilidad electromagnética, y se ocasiona por el impacto negativo que ocasionan las ondas electromagnéticas de las conexiones inalámbricas.

Aunque esta afectación es aún una gran desconocida, incluso para la Organización Mundial de la Salud que no reconoce que ocasione el citado efecto pernicioso. No hay evidencias que permitan demostrar la existencia de una verdadera alergia a estas ondas y, mucho menos, de las causas que la determinen.

Enfermedad 2.0 proveniente del contacto con los medios electrónicos que ha empezado a plantear problemas entorno a las prestaciones de incapacidad.

Este es el caso de una funcionaria administrativa de la Generalitat de Cataluña que ha solicitado una prestación de incapacidad permanente alegando que la exposición continuada a las ondas electromagnéticas ha supuesto un empeoramiento de su salud, en particular, las redes Wifi.

Pero no ha sido el único caso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido la incapacidad permanente por síndrome de hipersensibilidad electromagnética a un ingeniero de telecomunicaciones que trabajaba para una compañía de telefonía móvil.

Es la primera vez que se otorga una prestación de incapacidad permanente únicamente por esta afectación, que obliga a reducir la exposición de quien padece la que han denominado “alergia al wi-fi” a la contaminación electromagnética.

Problema del Siglo XXI que exigirá una legislación moderna que esté “en la onda”.