En el BOE del martes 4 de septiembre se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La DF 7ª de la Ley 39/2015 demoraba en dos años, desde la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta octubre de 2018, determinados preceptos relacionados con la Administración electrónica. Entre ellos, el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social.

Ante la imposibilidad, en este plazo y con los medios a disposición, del cumplir este plazo, se procede a la prolongación del plazo inicial por 2 años más, hasta el 2020.

La nueva redacción de la DF 7ª será la que sigue:

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.

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