El pasado día 4 de noviembre el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, D. Israel Arroyo Martínez, compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso para exponer el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Seguridad Social para 2021.

Se trata de unos presupuestos singularizados por las consecuencias de la actual situación de pandemia, que han obligado a adelantar medidas cuyo desarrollo se preveía inicialmente a lo largo de la legislatura, como el ingreso mínimo vital, y a fortalecer la acción protectora de la Seguridad Social con una ampliación de las partidas destinadas a dar cobertura a ésta y otras prestaciones.

Igualmente, se persigue garantizar el poder adquisitivo de las pensiones contributivas acorde con las estimaciones de variación del IPC, con una revalorización del 0,9 %, superior al mínimo establecido legalmente del 0,25%, además del 1,8 % para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

En cuanto a los ingresos, se prevé una recuperación del empleo y la actividad económica, con el correspondiente incremento de las cotizaciones que, previsiblemente, paliará las consecuencias de circunstancias como la caída de la afiliación o la exoneración de cuotas en los ERTE y en las prestaciones extraordinarias para los autónomos derivados de la Covid 19.

Por otro lado, los presupuestos están dirigidos a dar efectividad a distintos aspectos del acuerdo alcanzado recientemente en la Comisión del Pacto de Toledo. Destacan, además de la citada revalorización, dos de ellos:

1.- La previsión de mecanismos conducentes a lograr el equilibrio del sistema a medio plazo y la insistencia en la separación de las fuentes de financiación, tal como exige la Recomendación Primera del Pacto de Toledo. A tal efecto, deben quedar debidamente identificados los gastos no contributivos que corresponde asumir a la Seguridad Social, en virtud del potencial de su organización administrativa, pero que deberán sufragarse mediante transferencias del Estado.

2.- Al objeto de dar cumplimiento a la Recomendación Octava del Pacto de Toledo, los presupuestos contienen el germen de un sistema de gestión más moderno y eficaz de la Administración de la Seguridad Social, aquejada de graves problemas de envejecimiento de personal (la edad media es de 55 años y aumenta en un año cada año) y de una baja tasa de reposición del personal (se ha experimentado una pérdida del 20 % desde 2010).

Se prevé una modernización de la gestión de los medios humanos a través de una desvinculación de la gestión de Seguridad Social respecto de la actividad económica territorial movilizando la carga de trabajo para alcanzar un mayor equilibro y, a la vez, mantener la presencia territorial de la Administración como forma adecuada de aproximación a la ciudadanía y de reforzamiento de la cohesión social.

La atención al ciudadano aparece como objetivo primordial a cuya consecución deben destinarse todos los recursos disponibles, potenciándose la atención multicanal y la gestión proactiva para que la Seguridad Social se anticipe a las necesidades de los ciudadanos. La automatización de procesos permitirá destinar al personal a la realización de actividades de mayor valor añadido que se traduzcan en un mejor aprovechamiento de los recursos. A la renovación prevista de la plantilla, con la creación de unos 500 puestos de trabajo más en 2021, se une un proyecto de cualificación y especialización del personal por áreas funcionales que permita lograr un más alto grado de realización laboral, mejores carreras profesionales y una retención del talento absolutamente necesaria en nuestro ámbito y que, a su vez, pueda traducirse a la larga en un ahorro de costes.