El 16 de septiembre de 2021 el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad núm. 1140-2021, promovido por el Gobierno de Cataluña, contra determinadas disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), confirmando la plena constitucionalidad de la atribución de la gestión de la prestación al Estado a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Desde esta Asociación ya nos hemos pronunciado reiteradamente sobre la exigencia constitucional de una gestión única de la Seguridad Social por el Estado como mejor garantía de la uniformidad de las prestaciones en todo el territorio nacional y en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, por lo que mostramos nuestro más absoluto acuerdo y conformidad con esta sentencia del Tribunal Constitucional que, acogiendo los argumentos de la Abogacía del Estado y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, confirma y refuerza dicho modelo.

El TC advierte que la controversia suscitada, de naturaleza claramente competencial, debe partir de la configuración legal del IMV como prestación económica de Seguridad Social en su modalidad no contributiva, por lo que el ámbito competencial no se corresponde con el de la asistencia social (art. 148.1.20 CE) sino con el de Seguridad Social, art 149.1.17 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social”.

Esa competencia exclusiva estatal sobre “legislación básica” supone un “marco normativo unitario, de aplicación a todo el territorio nacional” que, como subraya el TC, no solo comprende la regulación sustantiva de las prestaciones sino también la determinación de su «modelo de gestión». Es decir, el Estado ostenta la competencia exclusiva para decidir y regular el procedimiento de solicitud, tramitación, reconocimiento y control de una prestación de Seguridad Social para evitar la existencia de diversas políticas territoriales sobre la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma.

Pero la competencia exclusiva del Estado no se agota en esa competencia normativa sino que, en cuanto el reconocimiento y pago del IMV implica un gasto imputable a la caja única de la Seguridad Social, la competencia exclusiva sobre “régimen económico” exige que el mismo Estado asuma, a través de INSS, “todas las potestades ejecutivas” que se requieran para garantizar la unidad presupuestaria del sistema, a través de los principios de unidad de caja y solidaridad financiera y que , en este caso, alcanzarían a “todos los aspectos relativos al reconocimiento (iniciación, tramitación, resolución, revisión y control)” de la prestación.

Así, las Comunidades Autónomas podrían asumir las competencias que les correspondieren en virtud de la legislación vigente y sus respectivos estatutos de autonomía pero siempre limitadas a “aquellos aspectos instrumentales que no guarden relación con el régimen económico de la Seguridad Social”, y que se concretarían en los convenios que se suscriban entre las mismas Comunidades Autónomas y el INSS, previstos en el propio Real Decreto-ley 20/2020.

En definitiva, el TC confirma que la decisión adoptada por el Gobierno en el Real Decreto-ley 20/2020 , en cuanto a la atribución de la gestión del IMV al INSS, y no a las Comunidades Autónomas, responde a las competencias en materia de Seguridad Social que el art. 149.1.17 CE reserva con carácter exclusivo al Estado y que esas competencias comprenden no solo las normativas sino todas las ejecutivas y de gestión que sean necesarias para garantizar que el acceso a la prestación y su disfrute se produzcan de forma igualitaria y homogénea en todo el territorio nacional.

Para esta Asociación, los argumentos expuestos por el TC, -la competencia exclusiva de gestión única estatal a través del INSS como garantía de la caja única y la igualdad y uniformidad de su aplicación en todo el territorio nacional-, no se limitan a la comunidad autónoma recurrente sino que alcanzan a cualquier otra que reivindicara la gestión del IMV ya que resultaría difícilmente justificable, e inconstitucional, que el Estado renunciara a unas competencias exclusivas que, precisamente, se le atribuyen para garantizar los principios constitucionales de unidad, igualdad y solidaridad que sustentan nuestro sistema de Seguridad Social y con los que el Tribunal Constitucional demuestra su más firme compromiso.

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