«Resultaría difícilmente justificable, e inconstitucional, que el Estado renunciara a unas competencias exclusivas», denuncia la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. El 16 de septiembre el Tribunal Constitucional confirmaba la plena constitucionalidad de la atribución de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) al Estado.

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